El ejercicio del derecho de forma colectiva puede instrumentalizarse mediante cualquier forma admitida en derecho sea esta mercantil o civil. Dentro de todas ellas las más habituales son la Comunidad de Bienes y las llamadas sociedades mercantiles de profesionales.

A continuación encontrarás unas breves nociones al respecto:

La Comunidad de Bienes

Es una figura muy usada para poder compartir los gastos comunes de los letrados que se asocian. La constitución de una comunidad les permite que todos los gastos y compras de bienes sean facturados a la Comunidad, que ha de tener su CIF.

Por otro lado, la comunidad es la que factura a los clientes, simplificándose el trámite de presentación de ciertos modelos tributarios como son el 300, 110 y 115. No obstante, cada uno de los comuneros, salvo que se encuentren como empleados de la misma en régimen de relación laboral, no tendrán que presentar declaraciones de IVA ( 300 ). Lo más frecuente es que cada uno de los letrados desarrolle la actividad profesional,  por lo que también habrá de presentar posiblemente sus declaraciones de IVA , para así poder facturar a la Comunidad de bienes y tener ingresos.

En lo que respecta a los rendimientos derivados del ejercicio de forma colectiva serán considerados rendimientos de actividad profesional, y cada uno de los comuneros habrá de presentar su correspondiente pago fraccionado de IRPF mediante el modelo 130, en el que recogerá la parte de los beneficios imputables a su cuota de participación en la comunidad, así como cualquier otro ingreso de carácter profesional o empresarial que tuviere. La obligada a presentar alta en IAE es la comunidad, sin perjuicio de que en su caso, los letrados, al desarrollar la actividad, también estén obligados a ello.

La Sociedades mercantiles de profesionales 

El ejercicio de la profesión a través de esta modalidad se podrá dar cuando se den las siguientes circunstancias:

-Constitución de una sociedad mercantil.
- Que el objeto establecido para dicha sociedad sea la actividad profesional de abogacía.
- Que los socios intervengan en la prestación de los servicios de la sociedad, sea de forma exclusiva para la sociedad como personal laboral o sea prestando servicios como abogados independientes.
- Que cada uno de los socios tengan una participación en la sociedad

Respecto a la naturaleza de la relación entre el socio-abogado y la entidad, como hemos dicho puede ser esta laboral o profesional, derivándose una serie de consecuencias dependiendo del sistema que se establezca, de esta forma;

  1. Si la relación es laboral el abogado-socio prestará sus servicios a la sociedad de forma exclusiva estando obligado a estar dado de alta en el régimen general de la seguridad social como empleado laboral de la sociedad. El empleado-socio abogado deberá estar dado de alta en el Colegio correspondiente, no así en el IAE que será obligación de la sociedad, los gastos de seguridad social del abogado-socio, así como las retribuciones pagadas al mismo empleado serán gastos deducibles para la sociedad.
  2. Si la relación es de tipo profesional mediante contrato de arrendamiento de servicios, de forma que el socio abogado preste sus servicios a la sociedad como profesional independiente, este estará obligado a atender los costes de cotización en el RETA o Mutualidad, a estar dado de alta en el IAE de forma independiente a la sociedad, pudiendo en este supuesto la sociedad deducirse los pagos realizados a los socios-abogados a consecuencia de su prestación de servicios.

La sociedad será normalmente la que asuma los gastos necesarios para poder desarrollar la actividad, y presentará su correspondiente declaración por el Impuesto sobre Sociedades, sin perjuicio de presentar otras declaraciones como son las de IVA, retenciones ( 110 y 115 ), así como cualquier otra que pudiere desprenderse de su situación como contribuyente.

A continuación verás un esquema que puede serte de ayuda. Pincha aquí