Abogacía y Valores: El Medio Ambiente

ABOGACÍA Y VALORES: EL MEDIO AMBIENTE

El pasado 4 de noviembre asistimos a la entrada en vigor del Acuerdo de París contra el cambio climático. Si bien a priori podemos pensar que se trata de uno de tantos, en este caso hay motivos para el optimismo:

  • En diciembre de 2015, 195 países se adhirieron a este pacto global, una cifra nunca antes alcanzada y que representa, prácticamente, a la gran mayoría de países implicados.
  • Actualmente, más de un centenar han ratificado el Acuerdo, encontrándose entre ellos Estados Unidos y China, que no habían ratificado el Protocolo de Kioto.
  • Pese a que está por definir adaptación reglamentaria, el compromiso de todos los implicados es claro y el objetivo común: reducir la emisión de gases de efecto invernadero y desacelerar el calentamiento global del planeta.

Las bases del Acuerdo son sólidas y la abogacía, en tanto que garante de los derechos fundamentales, no debe quedarse al margen en un problema que afecta a las generaciones presentes y futuras. Ya se están dando pasos al respecto por parte de Colegios Profesionales, el Consejo General de la Abogacía Española y encuentros de expertos en la materia, concienciando a la ciudadanía en general, y a nuestro colectivo en particular, y que permiten que conceptos como “cambio climático”, “biodiversidad” o “reutilización” dejen de ser desconocidos y pasen a formar parte de nuestro compromiso diario.

 

Comisión Jurídica AJA Madrid

LA PROFESIÓN DE ABOGADO (I)

LA PROFESIÓN DE ABOGADO (I)

Iniciamos con este una serie de artículos cuyo objetivo esencial es dar a conocer las diferentes formas jurídicas en que se puede organizar el profesional del Derecho, sus características, normativas y obligaciones a cumplir, así como sus implicaciones fiscales.

 

Cuando se decide ejercer, la pregunta de todo emprendedor es siempre la misma: ¿qué figura se adapta mejor a mis necesidades y modelo de trabajo? La respuesta varía en función de dos variables: si se va a comenzar como empleado o si se inicia por cuenta propia. Dentro de esta última opción existen varias alternativas, en función de si se inicia la actividad solo o con socios. Una opción muy frecuente al principio es establecer acuerdos de colaboración con otros abogados, lo que puede ser una elección estupenda a la hora de crear una red.

Antes de empezar a desarrollar cualquiera de las diferentes opciones, es importante destacar que es necesario estar dado de alta como ejerciente en el Colegio de Abogados correspondiente, para lo cual hay que cumplir los siguientes requisitos:

1)         Haber superado el Máster de Acceso a la Abogacía y su examen, establecido por la Ley 34/2006 de 30 de octubre, aplicándose desde el 1 de noviembre de 2013.

 

2)         Cumpliendo con las obligaciones previas al ejercicio de la abogacía, para lo cual hay que obtener una serie de documentación, esta es:

✓         Solicitud de Colegiación.

✓         Certificado de primera incorporación del Consejo General de la Abogacía Española (CGAE).

✓         Documento acreditativo de la Licenciatura / Grado en Derecho.

✓         Certificado de antecedentes penales obtenido del Ministerio de Justicia.

✓         Alta en el Régimen Especial de Trabajadores Autónomos (RETA) o su Mutualidad equivalente, y alta en el Censo de Empresarios o Profesionales.

 

Una vez que se haya  dado de alta el abogado, se puede proceder a ejercer la profesión bajo cualquiera de las fórmulas siguientes:

1.- Trabajador por cuenta ajena: bajo esta modalidad, el abogado forma parte de la plantilla de un despacho o empresa, tiene un contrato laboral y recibe su correspondiente nómina. Todas las contraprestaciones que reciba, tributarán como Rendimientos del Trabajo, y desde el punto de vista fiscal, sólo estará obligado a realizar la Declaración de la Renta (modelo 100) siempre que se encuentre dentro de una banda salarial superior a 22.000 euros anuales, (en caso de tener un solo pagador), y si excede de 1.500 euros la renta pagada (en caso del segundo o siguientes pagadores).

A nivel profesional, puede ser una buena opción para empezar a descubrir la profesión y adquirir experiencia.

2.- Trabajador por cuenta propia: según diferentes estudios de mercado del colectivo de abogados, se trata sin duda de la forma más extendida en el ejercicio de la profesión elegida por estos, ya que concede al abogado, gran libertad de movimientos tanto a la hora de gestionar los clientes, como las diferentes especializaciones que vaya a desarrollar.

Desde el punto de vista fiscal: el abogado deberá declarar como Rendimiento de Actividades Económicas en el modelo 100 del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas (IRPF), aquellos que estén afectos al desempeño de su actividad profesional.

Y en función del alta que se realice en Hacienda, dependiendo de si la mayor parte del trabajo se va a realizar para particulares o empresas y profesionales, existirá la obligación o no de realizar pagos fraccionados por el IRPF, lo cual no es óbice, para que tenga también la obligación de presentar  pagos trimestrales por el Impuesto sobre el Valor Añadido (IVA), así como la de emitir y recibir facturas, conservarlas y anotarlas en el libro registro correspondiente.

3.- Comunidad de Bienes: se incorpora a esta clasificación, al considerarla la forma más habitual de agrupación de empresarios individuales autónomos que tienen un proyecto común. Por ello es una opción recomendable para pequeños negocios.

La forma de constituirse es bastante rápida, se necesita únicamente un contrato de constitución (público o privado), y solicitar el alta en Hacienda para obtener un CIF.

En cuanto a su operativa fiscal, ésta, es un poco más compleja que en los dos casos anteriores analizados. La Comunidad de Bienes será la encargada de facturar al cliente y liquidar el IVA y los pagos trimestrales. Sin embargo, al tratarse de una entidad sujeta al Régimen de Atribución de Rentas, los rendimientos obtenidos por la comunidad de bienes en sus actividades serán imputados a  los comuneros como Rendimientos de Actividades Económicas en su IRPF, quienes deberán hacer los pagos fraccionados trimestralmente.

En la práctica, la Comunidad de Bienes es una forma de asociación para ejercer la profesión, a través de colaboradores que pueden desarrollar diferentes especialidades jurídicas, permitiendo a sus integrantes tener una mayor presencia en el mercado.

4.- Sociedad Limitada Profesional: regulada en la Ley 2/2007, de 15 de marzo, de sociedades profesionales, su origen es la tendencia en tiempos recientes a organizar el ejercicio de las profesiones colegiadas por medio de sociedades en aras de una mejor especialización y división del trabajo.

Entre los propósitos fundamentales, destacan, la creación de una certidumbre en las relaciones jurídicas societarias, así como también la creación de un marco adecuado de responsabilidad, que se establece en garantía de los clientes de servicios profesionales.

Su constitución es más compleja, requiere la elección de uno de los tipos sociales existentes en nuestro ordenamiento jurídico, así como el otorgamiento de escritura pública, que deberá ser inscrita en el Registro Mercantil y en el Registro de Sociedades Profesionales.

Así mismo entre sus obligaciones contables y fiscales, cabe destacar la obligación de tener que  realizar la contabilidad y depositarla en el Registro Mercantil. Sus Socios no deben declarar los rendimientos obtenidos por la Sociedad Profesional en IRPF, sino en el Impuesto de Sociedades (IS). En cuanto al IVA, las Sociedades Profesionales tiene las mismas obligaciones que hemos visto hasta ahora, y en relación al IRPF deben realizar la declaración de las retenciones e ingresos a cuenta que le correspondan.

Entre sus ventajas, de cara a la creación de marca e imagen de mercado, ofrece una mayor imagen de consolidación de negocio y agrupación de socios y también se encuentra el incentivo fiscal creado por la Ley 11/2013, de 26 de julio, de medidas de apoyo al emprendedor y de estímulo del crecimiento, por el que se aplicará, a entidades de nueva creación a partir del 1 de enero de 2013, en los dos primeros períodos que la base imponible sea positiva, el tipo del 15% sobre los primeros 300.000 euros, y el 20% sobre el resto.

De esta manera, se ofrece con este artículo, una breve introducción a los requisitos y a las diferentes modalidades disponibles para poder desarrollar la profesión de la abogacía en la actualidad. La elección de la fórmula deseada requiere al menos un estudio preliminar de cada caso concreto, para analizar las ventajas e inconvenientes que pueden derivarse de cada una de ellas.

 

Carlos Migueláñez Díaz

Abogado

Comisión Jurídica AJA Madrid

FAMILIA EXTENSA

Ampliación de los familiares a los que los ciudadanos españoles y de la Unión Europea podrán otorgarles el derecho a vivir en España junto a ellos.

Marién Inés Ramos Poché

Abogada

El Consejo de Ministros ha aprobado el Real Decreto 987/2015, publicado en el BOE nº 268el pasado 9 de noviembre del 2015, que Reforma el RD 240/2007 de 16 de febrero, sobre entrada, libre circulación y residencia de ciudadanos de Estados de la UE y EEE. El nuevo Real Decreto, que incorpora al ámbito subjetivo del Real Decreto de 2007 la denominada “Familia Extensa”.

La nueva disposición incorpora un artículo 2.bis donde se amplían los supuestos de familiares o parejas de ciudadanos comunitarios que podrán solicitar residencia de familiar de comunitario.

El R. D. 984/2015 viene a la Directiva 2004/38/CE considera que, para mantener la unidad de la familia en un sentido amplio, los Estados miembros deben facilitar la entrada y residencia de otros miembros de la familia del ciudadano de la Unión, distintos a los regulados en la Directiva.

La antigua definición de “miembros de la familia” que venía contenida en el art. 2 establecía que únicamente se consideraban miembros de una familia a: los cónyuges; las parejas de hecho debidamente registradas; los descendientes directos menores de 21 años o a cargo y los del cónyuge o de la pareja de hecho; y los ascendientes directos a cargo y los del cónyuge o de la pareja de hecho.

Esta definición de familia extensa, a la que Directiva se refiere como “otros miembros de la familia”, y cuyos derechos corresponde reconocer a los Estados miembros, estaría formada por cualquier otro miembro de la familia, cualquiera que sea su nacionalidad, que no entre en la definición de miembro de la familia del artículo 2 de la Directiva y que, en el país de donde procede, esté a cargo o conviva con el ciudadano comunitario beneficiario del derecho de residencia con carácter principal o, en aquellos caso que por motivos graves de salud, sea estrictamente necesario que el ciudadano de la Unión se haga cargo del cuidado personal del miembro de la familia.

El concepto de “estar a cargo” es un concepto jurídico indeterminado que ha sido delimitado por sentencias del Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE). Para el TJUE, la calidad de miembro de la familia “a cargo” se deriva de una situación de hecho caracterizada por el hecho de que el ciudadano de la Unión o su cónyuge garantizan la tenencia y disponibilidad de recursos económicos suficientes para mantener al otro miembro de la familia. El TJUE entiende que para determinar si estos otros miembros de la familia están a cargo del ciudadano comunitario, el Estado miembro de acogida debe apreciar si, a la vista de las circunstancias económicas y sociales, los otros miembros no están en condiciones para cubrir sus necesidades básicas.

El R.D. 987/2015 continúa indicando que la dependencia deberá ser real y estable, y que no haya sido provocada con el único objetivo de obtener la entrada y la residencia en el territorio del Estado miembro de acogida. Deberá probarse que el ciudadano de la UE ha estado manteniendo económicamente de forma estable al otro miembro de la familia, ya sea en su país de origen o en España.

En cuanto al concepto de “Pareja estable”, el R.D. entiende que, en el supuesto de una pareja, se deberá probar la existencia de una relación estable con el ciudadano del Estado de la UE y el tiempo de convivencia. Se considerará que estamos ante una pareja estable cuando aquella acredite la existencia de un vínculo duradero

Si los miembros de la familia y la pareja de hecho que se contemplan en el apartado 1, están sometidos a la exigencia de visado de entrada según lo establecido en el Reglamento (CE) 539/2001, de 15 de marzo, por el que se establece la lista de terceros países cuyos nacionales están sometidos a la obligación de visado para cruzar las fronteras exteriores y la lista de terceros países cuyos nacionales están exentos de esa obligación, la solicitud de visado, contemplada en el artículo 4 del presente real decreto, deberá acompañarse de lo siguientes documentos:

a) Pasaporte válido y en vigor del solicitante.

b) En los casos contemplados en la letra a) del apartado 1, documentos acreditativos de la dependencia, del grado de parentesco y, en su caso, de la existencia de motivos graves de salud o discapacidad o de la convivencia.

c) En el supuesto de pareja, la prueba de la existencia de una relación estable con el ciudadano de un Estado miembro de la Unión Europea o de otros Estados parte en el Acuerdo sobre el Espacio Económico Europeo y el tiempo de convivencia.

 La solicitud de la tarjeta de familiar de ciudadano de la Unión deberá acompañarse de los siguientes documentos:

a) Pasaporte válido y en vigor del solicitante. En el supuesto de que el documento esté caducado, deberá aportarse copia de éste y de la solicitud de renovación.

b) Documentación acreditativa de que el ciudadano de un Estado miembro de la Unión Europea o de otros Estados parte en el Acuerdo sobre el Espacio Económico Europeo al que acompañan o con el que van a reunirse cumple los requisitos del artículo 7.

c) En los casos contemplados en la letra a) del apartado 1, documentos acreditativos de la dependencia, del grado de parentesco y, en su caso, de la existencia de motivos graves de salud o discapacidad o de la convivencia.

d) En el supuesto de pareja, la prueba de la existencia de una relación estable con el ciudadano de un Estado miembro de la Unión Europea o de otros Estados parte en el Acuerdo sobre el Espacio Económico Europeo y el tiempo de convivencia.

Las autoridades valorarán individualmente las circunstancias personales del solicitante y resolverán motivadamente debiendo tener en cuenta los siguientes criterios:

a) En el caso de familiares, se valorará el grado de dependencia financiera o física, el grado de parentesco con el ciudadano de un Estado miembro de la Unión Europea o de otros Estados parte en el Acuerdo sobre el Espacio Económico Europeo, y, en su caso, la gravedad de la enfermedad o discapacidad que hace necesario su cuidado personal o el tiempo de convivencia previo. En todo caso, se entenderá acreditada la convivencia cuando se demuestre fehacientemente una convivencia continuada de 24 meses en el país de procedencia.

b) En el caso de pareja de hecho, se considerará que se trata de una pareja estable aquella que acredite la existencia de un vínculo duradero. En todo caso, se entenderá la existencia de este vínculo si se acredita un tiempo de convivencia marital de, al menos, un año continuado, salvo que tuvieran descendencia en común, en cuyo caso bastará la acreditación de convivencia estable debidamente probada. También se verán beneficiadas las parejas estables que hayan contraído matrimonio en el extranjero y estén es proceso de solicitud inscripción del mismo en España. Hasta la entrada en vigencia del mencionado Real Decreto, se veían obligadas a solicitar un Permiso de Residencia Temporal por Circunstancias Excepcionales (Disposición Adicional 23 del RD 557/2011) que les permitía simplemente residir (no trabajar) de forma temporal durante un año. Dicha disposición queda derogada.

5. Las autoridades resolverán motivadamente toda resolución. Se autoriza a los titulares de los Ministerios de Empleo y Seguridad Social, de Asuntos Exteriores y de Cooperación, del Interior, y de Hacienda y Administraciones Públicas para dictar, en el ámbito de sus respectivas competencias y, en su caso, previo informe de la Comisión Interministerial de Extranjería, las normas que sean necesarias para la ejecución y desarrollo de lo dispuesto en este real decreto.

La libre circulación de personas constituye una de las cuatro libertades fundamentales del mercado interior. La ciudadanía de la Unión confiere un derecho primario e individual a circular y residir libremente en el territorio de los Estados miembros con sujeción a las limitaciones y condiciones previstas en los Tratados de la Unión Europea y de Funcionamiento de la Unión Europea y a las disposiciones adoptadas para su aplicación. Junto con los Tratados, el principal instrumento normativo de derecho comunitario para regular la libre circulación es la Directiva 2004/38/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 29 de abril de 2004, relativa al derecho de los ciudadanos de la Unión y de los miembros de su familia a circular y residir libremente en el territorio de los Estados miembros por la que se modifica el Reglamento (CEE) n.º 1612/68 y se derogan las Directivas 64/221/CEE, 68/360/CEE, 72/194/CEE, 73/148/CEE, 75/34/CEE, 75/35/CEE, 90/364/CEE, 90/365/CEE y 93/96/CEE.

Respecto a la familia extensa, la Directiva 2004/38/CE considera que, para mantener la unidad de la familia en un sentido amplio, los Estados miembros deben facilitar la entrada y residencia de otros miembros de la familia del ciudadano de la Unión, distintos a los regulados en el artículo 2 de la Directiva. De acuerdo con la sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea TJUE) de 8 de noviembre de 2012 en el caso Lida (c-40/11), el derecho de estos «otros miembros de la familia» nacionales de terceros países es, en todo caso, un derecho derivado del derecho del ciudadano de la Unión y «no un derecho autónomo de los nacionales de terceros países». La facilitación de la residencia de la llamada familia extensa responde, por tanto, a la necesidad de evitar un menoscabo de la libertad de circulación del ciudadano de la Unión, por disuadirle de ejercer sus derechos de entrada y residencia en otro Estado miembro.

El TJUE ha señalado, en su sentencia de 5 de septiembre de 2012, dictada en el asunto c-83/11, Rahman, que los Estados miembros no están obligados a acoger todas las solicitudes de entrada o de residencia presentadas por los miembros de la familia extensa, aunque demuestren que están a cargo de dicho ciudadano. Los Estados miembros pueden establecer criterios objetivos para determinar cuándo son admisibles las solicitudes de la familia extensa. Para la elección de estos criterios, los Estados miembros disponen de un amplio margen de apreciación, siempre que no se prive del efecto útil de la disposición y que sea conforme con el sentido habitual del término «facilitará». En el ejercicio de dicho margen de apreciación, los Estados miembros pueden establecer en sus legislaciones requisitos específicos acerca de la naturaleza o la duración de la situación de dependencia y ello, en particular, a fin de comprobar que tal dependencia sea real y estable y no haya sido provocada con el único objetivo de obtener la entrada y la residencia en el territorio del Estado miembro de acogida.