LA PROFESIÓN DE ABOGADO (I)

LA PROFESIÓN DE ABOGADO (I)

Iniciamos con este una serie de artículos cuyo objetivo esencial es dar a conocer las diferentes formas jurídicas en que se puede organizar el profesional del Derecho, sus características, normativas y obligaciones a cumplir, así como sus implicaciones fiscales.

 

Cuando se decide ejercer, la pregunta de todo emprendedor es siempre la misma: ¿qué figura se adapta mejor a mis necesidades y modelo de trabajo? La respuesta varía en función de dos variables: si se va a comenzar como empleado o si se inicia por cuenta propia. Dentro de esta última opción existen varias alternativas, en función de si se inicia la actividad solo o con socios. Una opción muy frecuente al principio es establecer acuerdos de colaboración con otros abogados, lo que puede ser una elección estupenda a la hora de crear una red.

Antes de empezar a desarrollar cualquiera de las diferentes opciones, es importante destacar que es necesario estar dado de alta como ejerciente en el Colegio de Abogados correspondiente, para lo cual hay que cumplir los siguientes requisitos:

1)         Haber superado el Máster de Acceso a la Abogacía y su examen, establecido por la Ley 34/2006 de 30 de octubre, aplicándose desde el 1 de noviembre de 2013.

 

2)         Cumpliendo con las obligaciones previas al ejercicio de la abogacía, para lo cual hay que obtener una serie de documentación, esta es:

✓         Solicitud de Colegiación.

✓         Certificado de primera incorporación del Consejo General de la Abogacía Española (CGAE).

✓         Documento acreditativo de la Licenciatura / Grado en Derecho.

✓         Certificado de antecedentes penales obtenido del Ministerio de Justicia.

✓         Alta en el Régimen Especial de Trabajadores Autónomos (RETA) o su Mutualidad equivalente, y alta en el Censo de Empresarios o Profesionales.

 

Una vez que se haya  dado de alta el abogado, se puede proceder a ejercer la profesión bajo cualquiera de las fórmulas siguientes:

1.- Trabajador por cuenta ajena: bajo esta modalidad, el abogado forma parte de la plantilla de un despacho o empresa, tiene un contrato laboral y recibe su correspondiente nómina. Todas las contraprestaciones que reciba, tributarán como Rendimientos del Trabajo, y desde el punto de vista fiscal, sólo estará obligado a realizar la Declaración de la Renta (modelo 100) siempre que se encuentre dentro de una banda salarial superior a 22.000 euros anuales, (en caso de tener un solo pagador), y si excede de 1.500 euros la renta pagada (en caso del segundo o siguientes pagadores).

A nivel profesional, puede ser una buena opción para empezar a descubrir la profesión y adquirir experiencia.

2.- Trabajador por cuenta propia: según diferentes estudios de mercado del colectivo de abogados, se trata sin duda de la forma más extendida en el ejercicio de la profesión elegida por estos, ya que concede al abogado, gran libertad de movimientos tanto a la hora de gestionar los clientes, como las diferentes especializaciones que vaya a desarrollar.

Desde el punto de vista fiscal: el abogado deberá declarar como Rendimiento de Actividades Económicas en el modelo 100 del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas (IRPF), aquellos que estén afectos al desempeño de su actividad profesional.

Y en función del alta que se realice en Hacienda, dependiendo de si la mayor parte del trabajo se va a realizar para particulares o empresas y profesionales, existirá la obligación o no de realizar pagos fraccionados por el IRPF, lo cual no es óbice, para que tenga también la obligación de presentar  pagos trimestrales por el Impuesto sobre el Valor Añadido (IVA), así como la de emitir y recibir facturas, conservarlas y anotarlas en el libro registro correspondiente.

3.- Comunidad de Bienes: se incorpora a esta clasificación, al considerarla la forma más habitual de agrupación de empresarios individuales autónomos que tienen un proyecto común. Por ello es una opción recomendable para pequeños negocios.

La forma de constituirse es bastante rápida, se necesita únicamente un contrato de constitución (público o privado), y solicitar el alta en Hacienda para obtener un CIF.

En cuanto a su operativa fiscal, ésta, es un poco más compleja que en los dos casos anteriores analizados. La Comunidad de Bienes será la encargada de facturar al cliente y liquidar el IVA y los pagos trimestrales. Sin embargo, al tratarse de una entidad sujeta al Régimen de Atribución de Rentas, los rendimientos obtenidos por la comunidad de bienes en sus actividades serán imputados a  los comuneros como Rendimientos de Actividades Económicas en su IRPF, quienes deberán hacer los pagos fraccionados trimestralmente.

En la práctica, la Comunidad de Bienes es una forma de asociación para ejercer la profesión, a través de colaboradores que pueden desarrollar diferentes especialidades jurídicas, permitiendo a sus integrantes tener una mayor presencia en el mercado.

4.- Sociedad Limitada Profesional: regulada en la Ley 2/2007, de 15 de marzo, de sociedades profesionales, su origen es la tendencia en tiempos recientes a organizar el ejercicio de las profesiones colegiadas por medio de sociedades en aras de una mejor especialización y división del trabajo.

Entre los propósitos fundamentales, destacan, la creación de una certidumbre en las relaciones jurídicas societarias, así como también la creación de un marco adecuado de responsabilidad, que se establece en garantía de los clientes de servicios profesionales.

Su constitución es más compleja, requiere la elección de uno de los tipos sociales existentes en nuestro ordenamiento jurídico, así como el otorgamiento de escritura pública, que deberá ser inscrita en el Registro Mercantil y en el Registro de Sociedades Profesionales.

Así mismo entre sus obligaciones contables y fiscales, cabe destacar la obligación de tener que  realizar la contabilidad y depositarla en el Registro Mercantil. Sus Socios no deben declarar los rendimientos obtenidos por la Sociedad Profesional en IRPF, sino en el Impuesto de Sociedades (IS). En cuanto al IVA, las Sociedades Profesionales tiene las mismas obligaciones que hemos visto hasta ahora, y en relación al IRPF deben realizar la declaración de las retenciones e ingresos a cuenta que le correspondan.

Entre sus ventajas, de cara a la creación de marca e imagen de mercado, ofrece una mayor imagen de consolidación de negocio y agrupación de socios y también se encuentra el incentivo fiscal creado por la Ley 11/2013, de 26 de julio, de medidas de apoyo al emprendedor y de estímulo del crecimiento, por el que se aplicará, a entidades de nueva creación a partir del 1 de enero de 2013, en los dos primeros períodos que la base imponible sea positiva, el tipo del 15% sobre los primeros 300.000 euros, y el 20% sobre el resto.

De esta manera, se ofrece con este artículo, una breve introducción a los requisitos y a las diferentes modalidades disponibles para poder desarrollar la profesión de la abogacía en la actualidad. La elección de la fórmula deseada requiere al menos un estudio preliminar de cada caso concreto, para analizar las ventajas e inconvenientes que pueden derivarse de cada una de ellas.

 

Carlos Migueláñez Díaz

Abogado

Comisión Jurídica AJA Madrid