La revolución jurídica de la banca y el derecho.

De cómo y por qué el Derecho Bancario es la nueva tendencia en los despachos tradicionales

 

Durante los últimos años pareciera que el mundo de los despachos jurídicos atraviesa una suerte de “revolución cultural”, inundados por asuntos relacionados con el mundo de la banca, que muestran su repercusión social al ir  aparejados con procedimientos penales que salpican los medios informativos día tras día. Desde las ya históricas “participaciones preferentes”, que pasarán a la historia como el mayor fraude financiero perpetrado contra nuestros mayores en nuestra moderna democracia, la fraudulenta salida a bolsa de una de las entidades capitales de nuestro sistema financiero o la formalización de préstamos hipotecarios con unos tipos de interés que vulneran nuestra Ley Azcárate de Represión de la Usura, la aparición de los  llamados productos financieros “tóxicos”, es una constante en nuestro sector bancario.

Ante esta realidad, en la que se vulneran nuestros derechos como consumidores y usuarios, derechos que en una sociedad de consumo y de las llamadas “contrataciones en masa”, constituyen un sustrato especialmente  vulnerable,  todos nos preguntamos qué está pasando en el sector de la banca tradicional. La respuesta hemos de encontrarla en legislación Europea, de obligada trasposición y cumplimiento en España, y las demoras e ineficacias en su aplicación. En este sector, la Directiva 93/13/CEE del Consejo de 5 de abril de 1993 sobre cláusulas abusivas en los contratos celebrados con los consumidores y la Directiva 2004/39/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 21 de abril, relativa a los mercados de instrumentos financieros, son la llave para comprender cómo se ha adaptado nuestro sistema jurídico, legislación de consumidores y Ley de Mercado de Valores, a las exigencias Europeas, y cómo por el camino se han vulnerado nuestros derechos.

El producto financiero conocido como “hipoteca multidivisa”, es una muestra más de los abusos bancarios más recientes. En este caso estamos ante un préstamo en el que además de la garantía personal, existe una hipoteca sobre inmueble caracterizada por que el importe del préstamo y cuotas a devolver se expresan, además de en euros, en su equivalente en la divisa elegida, ordinariamente yenes japoneses o francos suizos, debiendo realizarse todos los meses el cambio de divisa para hacer frente a los pagos, con las correspondientes comisiones. La  reciente Sentencia del Tribunal Supremo 323/2015, de 30 de junio de 2015, define dicho producto financiero como ”complejo”, haciendo perceptiva la aplicación de la Ley de Mercado de Valores a estos litigios, y por tanto, otorgando a los consumidores y usuarios la máxima protección.

 

Ante este fenómeno jurídico y otros de similares características, en el que el cliente consumidor y de perfil financiero altamente conservador es el gran afectado, el abogado preventivo no puede sino recomendar acudir a un letrado especialista en la materia, antes de formalizar una operación financiera principal. La prevención en estas operaciones es la garantía habilitante de que nuestros derechos como consumidores están siendo respetados.

 

Miriam Maeso

Abogada

Comisión Jurídica AJA Madrid