La revolución jurídica de la banca y el derecho.

De cómo y por qué el Derecho Bancario es la nueva tendencia en los despachos tradicionales

 

Durante los últimos años pareciera que el mundo de los despachos jurídicos atraviesa una suerte de “revolución cultural”, inundados por asuntos relacionados con el mundo de la banca, que muestran su repercusión social al ir  aparejados con procedimientos penales que salpican los medios informativos día tras día. Desde las ya históricas “participaciones preferentes”, que pasarán a la historia como el mayor fraude financiero perpetrado contra nuestros mayores en nuestra moderna democracia, la fraudulenta salida a bolsa de una de las entidades capitales de nuestro sistema financiero o la formalización de préstamos hipotecarios con unos tipos de interés que vulneran nuestra Ley Azcárate de Represión de la Usura, la aparición de los  llamados productos financieros “tóxicos”, es una constante en nuestro sector bancario.

Ante esta realidad, en la que se vulneran nuestros derechos como consumidores y usuarios, derechos que en una sociedad de consumo y de las llamadas “contrataciones en masa”, constituyen un sustrato especialmente  vulnerable,  todos nos preguntamos qué está pasando en el sector de la banca tradicional. La respuesta hemos de encontrarla en legislación Europea, de obligada trasposición y cumplimiento en España, y las demoras e ineficacias en su aplicación. En este sector, la Directiva 93/13/CEE del Consejo de 5 de abril de 1993 sobre cláusulas abusivas en los contratos celebrados con los consumidores y la Directiva 2004/39/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 21 de abril, relativa a los mercados de instrumentos financieros, son la llave para comprender cómo se ha adaptado nuestro sistema jurídico, legislación de consumidores y Ley de Mercado de Valores, a las exigencias Europeas, y cómo por el camino se han vulnerado nuestros derechos.

El producto financiero conocido como “hipoteca multidivisa”, es una muestra más de los abusos bancarios más recientes. En este caso estamos ante un préstamo en el que además de la garantía personal, existe una hipoteca sobre inmueble caracterizada por que el importe del préstamo y cuotas a devolver se expresan, además de en euros, en su equivalente en la divisa elegida, ordinariamente yenes japoneses o francos suizos, debiendo realizarse todos los meses el cambio de divisa para hacer frente a los pagos, con las correspondientes comisiones. La  reciente Sentencia del Tribunal Supremo 323/2015, de 30 de junio de 2015, define dicho producto financiero como ”complejo”, haciendo perceptiva la aplicación de la Ley de Mercado de Valores a estos litigios, y por tanto, otorgando a los consumidores y usuarios la máxima protección.

 

Ante este fenómeno jurídico y otros de similares características, en el que el cliente consumidor y de perfil financiero altamente conservador es el gran afectado, el abogado preventivo no puede sino recomendar acudir a un letrado especialista en la materia, antes de formalizar una operación financiera principal. La prevención en estas operaciones es la garantía habilitante de que nuestros derechos como consumidores están siendo respetados.

 

Miriam Maeso

Abogada

Comisión Jurídica AJA Madrid

LA PROFESIÓN DE ABOGADO (I)

LA PROFESIÓN DE ABOGADO (I)

Iniciamos con este una serie de artículos cuyo objetivo esencial es dar a conocer las diferentes formas jurídicas en que se puede organizar el profesional del Derecho, sus características, normativas y obligaciones a cumplir, así como sus implicaciones fiscales.

 

Cuando se decide ejercer, la pregunta de todo emprendedor es siempre la misma: ¿qué figura se adapta mejor a mis necesidades y modelo de trabajo? La respuesta varía en función de dos variables: si se va a comenzar como empleado o si se inicia por cuenta propia. Dentro de esta última opción existen varias alternativas, en función de si se inicia la actividad solo o con socios. Una opción muy frecuente al principio es establecer acuerdos de colaboración con otros abogados, lo que puede ser una elección estupenda a la hora de crear una red.

Antes de empezar a desarrollar cualquiera de las diferentes opciones, es importante destacar que es necesario estar dado de alta como ejerciente en el Colegio de Abogados correspondiente, para lo cual hay que cumplir los siguientes requisitos:

1)         Haber superado el Máster de Acceso a la Abogacía y su examen, establecido por la Ley 34/2006 de 30 de octubre, aplicándose desde el 1 de noviembre de 2013.

 

2)         Cumpliendo con las obligaciones previas al ejercicio de la abogacía, para lo cual hay que obtener una serie de documentación, esta es:

✓         Solicitud de Colegiación.

✓         Certificado de primera incorporación del Consejo General de la Abogacía Española (CGAE).

✓         Documento acreditativo de la Licenciatura / Grado en Derecho.

✓         Certificado de antecedentes penales obtenido del Ministerio de Justicia.

✓         Alta en el Régimen Especial de Trabajadores Autónomos (RETA) o su Mutualidad equivalente, y alta en el Censo de Empresarios o Profesionales.

 

Una vez que se haya  dado de alta el abogado, se puede proceder a ejercer la profesión bajo cualquiera de las fórmulas siguientes:

1.- Trabajador por cuenta ajena: bajo esta modalidad, el abogado forma parte de la plantilla de un despacho o empresa, tiene un contrato laboral y recibe su correspondiente nómina. Todas las contraprestaciones que reciba, tributarán como Rendimientos del Trabajo, y desde el punto de vista fiscal, sólo estará obligado a realizar la Declaración de la Renta (modelo 100) siempre que se encuentre dentro de una banda salarial superior a 22.000 euros anuales, (en caso de tener un solo pagador), y si excede de 1.500 euros la renta pagada (en caso del segundo o siguientes pagadores).

A nivel profesional, puede ser una buena opción para empezar a descubrir la profesión y adquirir experiencia.

2.- Trabajador por cuenta propia: según diferentes estudios de mercado del colectivo de abogados, se trata sin duda de la forma más extendida en el ejercicio de la profesión elegida por estos, ya que concede al abogado, gran libertad de movimientos tanto a la hora de gestionar los clientes, como las diferentes especializaciones que vaya a desarrollar.

Desde el punto de vista fiscal: el abogado deberá declarar como Rendimiento de Actividades Económicas en el modelo 100 del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas (IRPF), aquellos que estén afectos al desempeño de su actividad profesional.

Y en función del alta que se realice en Hacienda, dependiendo de si la mayor parte del trabajo se va a realizar para particulares o empresas y profesionales, existirá la obligación o no de realizar pagos fraccionados por el IRPF, lo cual no es óbice, para que tenga también la obligación de presentar  pagos trimestrales por el Impuesto sobre el Valor Añadido (IVA), así como la de emitir y recibir facturas, conservarlas y anotarlas en el libro registro correspondiente.

3.- Comunidad de Bienes: se incorpora a esta clasificación, al considerarla la forma más habitual de agrupación de empresarios individuales autónomos que tienen un proyecto común. Por ello es una opción recomendable para pequeños negocios.

La forma de constituirse es bastante rápida, se necesita únicamente un contrato de constitución (público o privado), y solicitar el alta en Hacienda para obtener un CIF.

En cuanto a su operativa fiscal, ésta, es un poco más compleja que en los dos casos anteriores analizados. La Comunidad de Bienes será la encargada de facturar al cliente y liquidar el IVA y los pagos trimestrales. Sin embargo, al tratarse de una entidad sujeta al Régimen de Atribución de Rentas, los rendimientos obtenidos por la comunidad de bienes en sus actividades serán imputados a  los comuneros como Rendimientos de Actividades Económicas en su IRPF, quienes deberán hacer los pagos fraccionados trimestralmente.

En la práctica, la Comunidad de Bienes es una forma de asociación para ejercer la profesión, a través de colaboradores que pueden desarrollar diferentes especialidades jurídicas, permitiendo a sus integrantes tener una mayor presencia en el mercado.

4.- Sociedad Limitada Profesional: regulada en la Ley 2/2007, de 15 de marzo, de sociedades profesionales, su origen es la tendencia en tiempos recientes a organizar el ejercicio de las profesiones colegiadas por medio de sociedades en aras de una mejor especialización y división del trabajo.

Entre los propósitos fundamentales, destacan, la creación de una certidumbre en las relaciones jurídicas societarias, así como también la creación de un marco adecuado de responsabilidad, que se establece en garantía de los clientes de servicios profesionales.

Su constitución es más compleja, requiere la elección de uno de los tipos sociales existentes en nuestro ordenamiento jurídico, así como el otorgamiento de escritura pública, que deberá ser inscrita en el Registro Mercantil y en el Registro de Sociedades Profesionales.

Así mismo entre sus obligaciones contables y fiscales, cabe destacar la obligación de tener que  realizar la contabilidad y depositarla en el Registro Mercantil. Sus Socios no deben declarar los rendimientos obtenidos por la Sociedad Profesional en IRPF, sino en el Impuesto de Sociedades (IS). En cuanto al IVA, las Sociedades Profesionales tiene las mismas obligaciones que hemos visto hasta ahora, y en relación al IRPF deben realizar la declaración de las retenciones e ingresos a cuenta que le correspondan.

Entre sus ventajas, de cara a la creación de marca e imagen de mercado, ofrece una mayor imagen de consolidación de negocio y agrupación de socios y también se encuentra el incentivo fiscal creado por la Ley 11/2013, de 26 de julio, de medidas de apoyo al emprendedor y de estímulo del crecimiento, por el que se aplicará, a entidades de nueva creación a partir del 1 de enero de 2013, en los dos primeros períodos que la base imponible sea positiva, el tipo del 15% sobre los primeros 300.000 euros, y el 20% sobre el resto.

De esta manera, se ofrece con este artículo, una breve introducción a los requisitos y a las diferentes modalidades disponibles para poder desarrollar la profesión de la abogacía en la actualidad. La elección de la fórmula deseada requiere al menos un estudio preliminar de cada caso concreto, para analizar las ventajas e inconvenientes que pueden derivarse de cada una de ellas.

 

Carlos Migueláñez Díaz

Abogado

Comisión Jurídica AJA Madrid

NUEVO PROCEDIMIENTO DE ADQUISICIÓN DE LA  NACIONALIDAD ESPAÑOLA POR RESIDENCIA. Parte II: Procedimiento

NUEVO PROCEDIMIENTO DE ADQUISICIÓN DE LA NACIONALIDAD ESPAÑOLA POR RESIDENCIA. Parte II: Procedimiento

Marién Inés Ramos Poché

Abogada

04/02/2016

 

El procedimiento se iniciará por el interesado mediante la presentación de la correspondiente solicitud en modelo normalizado, bien a través de la correspondiente aplicación electrónica, o bien, si se trata de solicitudes presentadas en fecha igual o anterior al 30 de junio de 2017, mediante presentación de la solicitud ante el Registro Civil correspondiente al domicilio de interesado. Se facilitará al interesado constancia de la fecha y hora del registro de entrada de la solicitud presentada telemáticamente.

Los representantes legales de los menores de edad o de las personas con la capacidad modificada judicialmente, formularán las solicitudes conforme a lo dispuesto en el artículo 21 del Código Civil, previa acreditación de tal representación y de la autorización a que se refieren los artículos 21.3 y 20.2.a) del Código Civil. En el caso de menores de catorce años o personas con la capacidad modificada judicialmente, la solicitud de nacionalidad española será formulada por los representantes legales del interesado. Se requerirá para ello autorización del encargado del Registro Civil del domicilio del menor o persona con la capacidad modificada judicialmente previo dictamen del Ministerio Fiscal, especialmente siempre que concurra alguna de las circunstancias siguientes: a) En los casos de guarda, tutela o acogimiento por persona distinta de los padres y, en general, en todos los casos de representación legal distinta de la patria potestad. b) Cuando la adquisición de la nacionalidad española requiera la renuncia a la de origen.

En el caso de los extranjeros que son personal al servicio de las Fuerzas Armadas, se establecen normas específicas para este personal, no necesitando reiterar el juramento o promesa solemne ante la bandera, de fidelidad al Rey y de obediencia a la Constitución realizado con anterioridad.

 

Requisitos y documentación

a)      Modelo normalizado de solicitud y, en su caso, mandato o poder del representante voluntario. En el caso de presentación de la solicitud a través de profesionales cuya actividad requiera colegiación obligatoria, se acompañará en todo caso documento justificativo de la representación.

b)       Certificado de nacimiento del país de origen debidamente legalizado y traducido en su caso, salvo que el interesado acredite su condición de refugiado o apátrida, en los términos que determine el Ministerio de Justicia.

c)       Pasaporte, salvo que el interesado acredite su condición de refugiado o apátrida, en los términos que determine el Ministerio de Justicia.

d)     La documentación relativa al grado de integración en la sociedad española, en los términos a que se refiere el artículo 6 del presente reglamento. No obstante, no será necesario aportar la justificación de las pruebas superadas ante el Instituto Cervantes cuando en el modelo de solicitud se autorice expresamente la consulta.

e)      Justificante del pago de la tasa.

f)       En su caso, la documentación que acredite cuando proceda, en los términos que determine el Ministerio de Justicia, la concurrencia en el interesado de alguna o varias de las circunstancias siguientes: falta de ejercicio de la facultad de optar a la nacionalidad española; condición de refugiado o apátrida; nacimiento en territorio español; condición de sefardí; matrimonio con español; condición de viudo de español; descendiente de español; o minoría de edad en régimen de tutela, guarda o acogimiento no provisional por ciudadano o institución española.

 En el caso de que el interesado sea menor de dieciocho años no emancipado o persona con la capacidad modificada judicialmente y sujeta a un régimen de representación legal, deberá aportarse además la siguiente documentación específica:

a)      Si es menor de catorce años o persona con la capacidad modificada judicialmente y sujeta a un régimen de representación legal, la solicitud deberán firmarla sus representantes legales y habrá de aportarse además la siguiente documentación: 1.ª Autorización del encargado del Registro Civil del domicilio del menor o persona con la capacidad modificada judicialmente, en los términos establecidos en el apartado 3 del artículo 4 del presente reglamento. Cuando no proceda dicha autorización deberá acreditarse la representación legal. 2.ª Certificado de centro de formación, residencia, acogida, atención o educación especial que acredite el suficiente grado de integración, obligatorio en el caso de niños en edad escolar.

b)     Si es mayor de catorce años pero menor de dieciocho y no tiene la capacidad judicialmente modificada, la solicitud deberán firmarla tanto el interesado como su representante legal, debiendo aportarse además la siguiente documentación: 1.ª Certificado de centro de formación, residencia o acogida que acredite el suficiente grado de integración. 2.ª Documento identificativo de quien ostente la representación cuando esta concurra en quien tenga la patria potestad. En el caso de representación distinta a la patria potestad, deberá aportarse auto judicial donde se designe la representación legal. 3. En el caso de emancipados o mayores de dieciocho años que no tengan la capacidad judicialmente modificada y sujeta a un régimen de representación legal o que no sean refugiados o apátridas, deberá aportarse, además de la documentación general, certificado de antecedentes penales del país de origen debidamente legalizado y traducido.

 

Convenios de Habilitación para la Presentación Electrónica de Documentos en Representación de los Interesados

 El Ministerio de Justicia, de conformidad con las normas generales de derecho administrativo común, podrá suscribir con el Consejo General de la Abogacía Española, el Consejo General de Colegios de Gestores Administrativos de España, el Consejo General de Procuradores de España, el Consejo General de Colegios Oficiales de Graduados Sociales de España y otros colegios profesionales, asociaciones y colectivos, convenios de habilitación para la presentación electrónica de documentos en representación de los interesados, que regulen los procedimientos y requisitos para la remisión telemática de la documentación, debidamente indexada y metadatada.

 

Informes

 Sin perjuicio de que corresponda al interesado la carga de la prueba de los requisitos para adquirir la nacionalidad, con motivo de la tramitación del expediente se recabarán de oficio de las Administraciones Públicas competentes cuantos informes resulten necesarios y se llevarán a cabo las comprobaciones oportunas por parte de la Dirección General de los Registros y del Notariado.

 

Subsanación y Mejora de la Solicitud

 Si la solicitud o documentos presentados no reúnen los requisitos necesarios para la obtención de la nacionalidad española por residencia, se requerirá al interesado o su representante o, en su caso, se comunicará telemáticamente al presentante o al Mando o Jefatura de Personal del Ejército o Dirección General de Personal del Ministerio de Defensa a la que el interesado pertenezca, al objeto de su notificación al mismo, para que subsane la falta o acompañe, telemática o físicamente, para su cotejo los documentos que procedan

 

Propuesta y Resolución

 La Dirección General de los Registros y del Notariado, a la vista del expediente, elaborará la correspondiente propuesta de resolución de concesión o denegación de la solicitud de nacionalidad para su elevación al Ministro de Justicia.

Eficacia de la resolución

La eficacia de la resolución de concesión quedará supeditada a que, en el plazo de ciento ochenta días contados a partir del día siguiente a la notificación de la resolución al interesado o a su representante, se realicen ante el Encargado del Registro Civil las manifestaciones a que se refiere el artículo 23 del Código Civil, relativas al juramento o promesa de fidelidad al Rey y obediencia a la Constitución y a las Leyes, la renuncia a la nacionalidad anterior, cuando proceda, y la solicitud de las inscripciones correspondientes en el Registro Civil, sin que hasta ese momento haya cometido el interesado actos incompatibles con el requisito de la buena conducta cívica.

 

Juramento o Promesa

1. En el plazo de cinco días desde las manifestaciones a que se refiere el apartado 1 del artículo 12 de este reglamento, el Encargado del Registro Civil competente por razón del domicilio del interesado en España procederá a la inscripción de la adquisición de la nacionalidad española, poniéndose con ello fin al procedimiento. 2. Queda excluido de la obligación de prestar nuevo juramento o promesa de fidelidad al Rey y obediencia a la Constitución y a las leyes, el personal al servicio de las Fuerzas Armadas que lo haya acreditado en los términos del artículo 9 de este reglamento.

 

Recurso de Reposición

1. En caso de denegación de la solicitud de nacionalidad, podrá interponerse recurso de reposición en los términos y plazos previstos en las normas generales de procedimiento administrativo común. En los supuestos de personal al servicio de las Fuerzas Armadas, desde el Ministerio de Justicia se solicitará, a la mayor brevedad y por vía telemática, informe al órgano del Ministerio de Defensa que hubiera instruido el expediente, el cual lo remitirá por la misma vía en el plazo de cinco días. 2. A la vista del expediente y del informe establecido en el apartado anterior, se dictará la resolución que proceda en relación con el recurso de reposición interpuesto.

NUEVO PROCEDIMIENTO DE ADQUISICIÓN DE LA  NACIONALIDAD ESPAÑOLA POR RESIDENCIA. Parte I: Naturaleza

NUEVO PROCEDIMIENTO DE ADQUISICIÓN DE LA NACIONALIDAD ESPAÑOLA POR RESIDENCIA. Parte I: Naturaleza

Marién Inés Ramos Poché

Abogada

04/02/2016

El tan esperado y comentado nuevo proceso de nacionalidad española por residencia, ya está listo para su puesta en marcha, a través de la Ley 19/2015 de 13 de julio de Medidas de Reforma Administrativa en el Ámbito de la Administración de Justicia y del Registro Civil. Disposición Final Séptima.  Y el reglamento que la desarrolla mediante el  Real Decreto 1004/2015, de 6 de noviembre.

Entre las novedades del procedimiento, destacamos que deja de ser un proceso mixto Judicial-administrativo ante el Registro Civil, y pasa a ser netamente administrativo a cargo de la Dirección General de los Registros y el Notariado. Por ello, se dispondrá de un procedimiento, basado en la tramitación electrónica en todas sus fases, que permita acortar sensiblemente los plazos de resolución. La intención de la administración es llevar el plazo a un año para el conocimiento del expediente de nacionalidad. Sin perjuicio de la posible presentación de la documentación en cualquiera de las formas legalmente previstas. Sin embargo, queda a la encomienda del Registro Civil, como hasta ahora, la realización de la jura y la inscripción de nacimiento.

El cumplimiento de los requisitos exigidos por el Código Civil para la obtención de la nacionalidad española por residencia deberá acreditarse mediante los documentos y demás pruebas previstas en la ley y reglamentariamente. El nuevo procedimiento de nacionalidad española, estará sujeto a una tasa de 100 euros para la iniciación de la  solicitud del mismo. El modelo normalizado de pago de la tasa se encontrará disponible en la página web del Ministerio de Justicia.

 Los abogados abordamos el nuevo proceso con optimismo y la esperanza de ayudar a nuestros clientes, en ese camino que para muchos estuvo y sigue estando, muy accidentado e incluso ha causando frustración, al no poder materializar el sueño de ser nacional del país en el que residen, trabajan y  han formado una familia miles de extranjeros.

Solicitudes anteriores a la entrada en vigor de la  Ley 19/2015 de 13 de julio. Disposición Final Séptima.

La situación se resuelve con una medida transitoria de la siguiente manera:

a) Los expedientes de nacionalidad por residencia se tramitarán y resolverán de conformidad con las normas de procedimiento vigentes en el momento de la solicitud.

b) Durante el periodo transitorio que media desde la entrada en vigor del real decreto hasta el 30 de junio de 2017, los interesados podrán seguir presentando sus solicitudes ante el Registro Civil correspondiente al domicilio del interesado.

c) Dichas solicitudes se presentarán en soporte de papel.  En tales casos, el Registro civil realizará al interesado los requerimientos necesarios para completar las solicitudes incompletas y, una vez contengan toda la documentación exigida por el presente real decreto, las remitirá a la Dirección General de los Registros y del Notariado. Dicha remisión siempre que sea posible, de modo telemático.

d) Una vez finalizado el periodo transitorio, las solicitudes solo podrán presentarse a través de la correspondiente aplicación electrónica, o bien conforme a las reglas generales sobre presentación de solicitudes, escritos y comunicaciones de los ciudadanos ante los órganos de las Administraciones Públicas. Ambas modalidades son asimismo posibles durante el periodo transitorio que finaliza el 30 de junio de 2017.

Código Civil

El procedimiento para adquirir la nacionalidad española seguirá sujeto a lo dispuesto el Código Civil, articulo 22: 1.  Para la concesión de la nacionalidad por residencia se requiere que ésta haya durado diez años. Serán suficientes cinco años para los que hayan obtenido la condición de refugiado y dos años cuando se trate de nacionales de origen de países iberoamericanos, Andorra, Filipinas, Guinea Ecuatorial o Portugal o de sefardíes.

2. Bastará el tiempo de residencia de un año para:

a) El que haya nacido en territorio español.

b) El que no haya ejercitado oportunamente la facultad de optar.

c) El que haya estado sujeto legalmente a la tutela, guarda o acogimiento de un ciudadano o institución españoles durante dos años consecutivos, incluso si continuare en esta situación en el momento de la solicitud.

d) El que al tiempo de la solicitud llevare un año casado con español o española y no estuviere separado legalmente o de hecho.

e) El viudo o viuda de española o español, si a la muerte del cónyuge no existiera separación legal o de hecho.

f) El nacido fuera de España de padre o madre, abuelo o abuela, que originariamente hubieran sido españoles.

3. En todos los casos, la residencia habrá de ser legal, continuada e inmediatamente anterior a la petición.

A los efectos de lo previsto en el párrafo d) del apartado anterior, se entenderá que tiene residencia legal en España el cónyuge que conviva con funcionario diplomático o consular español acreditado en el extranjero.

4. El interesado deberá justificar, en el expediente regulado por la legislación del Registro Civil, buena conducta cívica y suficiente grado de integración en la sociedad española.

5. La concesión o denegación de la nacionalidad por residencia deja a salvo la vía judicial contencioso-administrativa.

Con la inclusión como supuesto susceptible para la dicha adquisición tener ascendencia Sefardí, (Ley 12/2015, de 24 de junio, en materia de concesión de la nacionalidad española a los sefardíes originarios de España) y su (Instrucción de 29 de septiembre de 2015, de la Dirección General de los Registros y del Notariado).

Los Exámenes de Integración  CCSE y DELE

La tan discutida y recurrida acreditación de integración a la sociedad española, se probará mediante unos exámenes, por un lado, para la obtención de un diploma español como lengua extranjera DELE de nivel A2 o superior. Con un coste de 124 euros. Los solicitantes nacionales de países o territorios en que el español sea el idioma oficial estarán exentos de esta prueba. En la segunda prueba se valorará el conocimiento de la Constitución española y de la realidad social y cultural españolas (CCSE), con un coste de 85 euros. Ambos exámenes estarán encomendados al Instituto Cervantes para su preparación y administración. Estarán exentos de la superación de las pruebas mencionadas los menores de dieciocho años y las personas con capacidad modificada judicialmente.

En todo caso, la prueba de conocimientos constitucionales y socioculturales de España estará formada por un 60% de preguntas relativas a conocimientos sobre la Constitución y la organización administrativa y territorial de España y por un 40% de cuestiones sobre la cultura, la historia y la sociedad españolas. Todas las preguntas de esta prueba serán de respuesta cerrada y tendrán el mismo valor dentro del conjunto de la prueba, la cual se llevará a cabo con carácter periódico en los centros de examen reconocidos por el Instituto Cervantes para realizarlas, debiendo estar aprobados y publicados, con carácter previo a las pruebas, los procedimientos y plazos para solicitud de revisión de calificaciones o reclamaciones.

La prueba CCSE contiene 25 preguntas, con  3 respuestas  y una sola correcta, por lo que se califica de forma automática. Las respuestas correctas reciben 1 punto; las incorrectas 0 puntos y no se penalizan. La puntuación máxima que se puede obtener en la prueba CCSE es igual al número de ítems que contiene (es decir 25). La puntuación mínima para obtener la calificación de «apto» en la prueba CCSE es de 15 ítems.

La Dirección General de los Registros y del Notariado podrá comprobar de oficio el resultado de las pruebas de examen DELE de nivel A2 como mínimo y de conocimientos constitucionales y socioculturales de España, mediante consulta telemática al Instituto Cervantes, comprobación con valor probatorio, que hace innecesaria la aportación por los interesados de los certificados correspondientes.

Estarán dispensados de la prueba de examen DELE los extranjeros que hayan obtenido con anterioridad un diploma de español como lengua extranjera (DELE) como mínimo del nivel A2, así como los nacionales de: Argentina, Bolivia, Chile, Colombia, Costa Rica, Cuba, Ecuador, El Salvador,  Guatemala,  Guinea Ecuatorial, Honduras, México, Nicaragua, Panamá, Paraguay, Perú, Puerto Rico,  República Dominicana, Uruguay y Venezuela.

Con el  procedimiento para la adquisición de la nacionalidad española por residencia, se busca la celeridad en el procedimiento, acortando los plazos para su conocimiento y resolución. Incorporando para su tramitación y comunicación el entorno electrónico en todas sus fases, permitiéndose la utilización al interesado de representante. Dotando al procedimiento de un carácter netamente administrativo.  La regulación de pruebas objetivas de integración en la sociedad española,  como diplomas de español como lengua extranjera (según sea caso)  y de conocimientos constitucionales y socioculturales de España, así también,  el pago de una tasa por iniciación del procedimiento

EL AJA MADRID PRESENTA UNA QUEJA ANTE EL PARLAMENTO EUROPEO POR LA PREOCUPANTE SITUACIÓN DE LA JUSTICIA EN ESPAÑA

EL AJA MADRID PRESENTA UNA QUEJA ANTE EL PARLAMENTO EUROPEO POR LA PREOCUPANTE SITUACIÓN DE LA JUSTICIA EN ESPAÑA

La agrupación de jóvenes Abogados del Colegio de abogados de Madrid presenta ante el Parlamento europeo  y el Defensor del Pueblo europeo una queja ante la difícil situación que vive la administración de justicia en España.

La queja se centra: en la falta de independencia del poder judicial y la necesidad de reformar la LOPJ, la inseguridad jurídica que existe en los Juzgados de primera instancia y en los Tribunales de apelación y por último, la falta de medios en justicia.

Una delegación de la Junta de Gobierno de la agrupación de jóvenes Abogados del icam se reúnen con  los distintos grupos parlamentarios para plantearle soluciones y la necesidad de una reforma inminente.

A palabras de Ospina “sin justicia no hay libertad”.

Descárgate la queja ante el Parlamento europeo

Descárgate la queja ante el Defensor del Pueblo europeo

El Juez Eloy Velasco, encargado de la trama Púnica, habla con la Agrupación de Jóvenes Abogados de Madrid de la instrucción en el proceso penal

El Juez Eloy Velasco, encargado de la trama Púnica, habla con la Agrupación de Jóvenes Abogados de Madrid de la instrucción en el proceso penal

El Juez Velasco afirmó que con la actual redacción del Código Penal, “se aplican a casos de crimen organizado artículos pensados para robagallinas”

El magistrado habló sobra la protección de testigos: “Puede sonar mal que el Estado negocie con un criminal, pero no hay que verlo así, sino que gracias a eso podemos sentar en el banquillo a 30 personas más”

 

19 de noviembre de 2014, miércoles.- Desde que la nueva junta de AJA Madrid saliera elegida, se han promovido eventos y jornadas para la abogacía joven que no han pasado desapercibidos, por la cercanía con la que los miembros del poder judicial transmiten la situación actual de la justicia.

Así, el pasado martes 18 de noviembre, el magistrado de la Audiencia Nacional Eloy Velasco, Juez que investiga la recientemente destapada trama de corrupción “Púnica”, ofreció una interesante ponencia sobre el trabajo de los Juzgados de Instrucción ante más de 150 invitados al evento.

Durante la ponencia, el Juez realizó una explicación a grandes rasgos del proceso penal, centrándose en la fase de instrucción y de la importancia que la petición de medidas cautelares tienen en el proceso, teniendo en cuenta los enormes retrasos que se producen en la justicia española. “Muchas veces- resaltó- las sentencias no se pueden ejecutar porque no se han adoptado las medidas cautelares”.

El Magistrado también opinó acerca del caso Noos y la imputación de la Infanta Cristina de Borbón, otro de los temas de actualidad más debatidos. Según Velasco, “se trata de un delito social, que afecta a todos los españoles ya que si uno no paga impuestos, al final acabamos pagándolos todos”. El juez sí aprecia la existencia de un delito contra la Hacienda pública.

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Abogados jóvenes en el Salón de actos del Ilustre Colegio de Abogados de Madrid

PROTECCIÓN DE TESTIGOS, ASIGNATURA PENDIENTE EN ESPAÑA

La protección de testigos es todavía asignatura pendiente en nuestro país ya que en comparación con otros países, es “anticuada, mala, y no sirve absolutamente para nada”, según palabras del Magistrado.

El ejemplo de excelencia en lo que a protección de testigos se refiere es sin duda Italia. “El imputado tiene 100 días para arrepentirse y pasarse al “lado oscuro” de la Justicia. Cuando lo hace, se le da una nueva identidad, una nueva vida”.

En opinión del juez Velasco, “en la legislación española esto sería muy interesante, ya que para desmantelar las redes de organización criminal se necesita un chivatazo, y es necesario premiarlo. Puede sonar mal que el Estado negocie con un criminal, pero no hay que verlo así, sino que gracias a eso podemos sentar en el banquillo a treinta personas más”

Al final de la intervención, el juez se centró en explicar ciertos aspectos importantes de los delitos informáticos y de cómo extraen rastros para poder imputar a aquellos que cometen delitos informáticos. “Hay que tener en cuenta- matizó- que en general nos enfrentamos a informáticos que conocen perfectamente todos los trucos para saltarse la ley. Los chats pueden falsificarse, por eso la Policía hace barridos para corporizar las conversaciones donde se aprecian hechos delictivos”.

De esta forma concluyo la jornada en la que se dieron cita más de un centenar de abogados jóvenes en el Ilustre Colegio de Abogados de Madrid.

 

Pilar Vilella
Coordinadora de redacción AJA Madrid.

 

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De izquierda a Derecha,
Juan Gonzalo Ospina, Presidente AJA Madrid
Eloy Velasco, Magistrado de la Audiencia Nacional
Alberto Cabello, Vicepresidente AJA Madrid
Ignacio Palomar Ruiz, Encargado de Comunicación AJA Madrid

 

Prevención Jurídica de los Riesgos Laborales. Amenazas y oportunidades

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El próximo jueves 13 de noviembre tendrá lugar en el Salón de Actos del Colegio de Abogados de Madrid, (C/ Serrano nº 9) en horario de 19:00h a 20:30h una jornada de formación sobre “Prevención Jurídica de los Riesgos Laborales“. Los ponentes que llevarán a cabo el curso serán:

  • María Jiménez Pedraza; Directora de Grupo 17 Corporación Preventiva
  • Mª Rosario Cristobal Roncero; Profesora Laboral y Vicedecana UCM
  • Carlos Cervera Planells; Miembro de AJA y Abogado Laboralista
  • Pedro Vizcaíno Garrido; Abogado Asesor de Empresa
  • Moderará: Ignacio Espinosa Arjona; Miembro de AJA – ASECAM

¡Os esperamos!

Sesión intensiva de formación para Abogados Noveles

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El AJA de Madrid, tiene el placer de invitarte al curso: “Habilidades Prácticas de la Abogacía”, que tendrá lugar el día 15 de octubre de 2.014 en el Salón de Actos del  ICAM, C/ Serrano 9, a las 19:30 horas, y tendrá una duración de 90 minutos.

Con este curso intensivo, de 90 minutos de duración, intentaremos suplir las carencias prácticas de las primeras experiencias en Sala, reforzando conocimientos y dando las recomendaciones más importantes para enfrentarte de manera eficiente a la defensa un juicio.

Contaremos, como ponente, con el Profesor D. Raúl Ochoa, quien nos ilustrará en temas de oratoria procesal en sala, de estructuración del Informe, los SI y los NO de un abogado en Sala y nos dará valiosas recomendaciones de cara a enfrentarte a tu primer Juicio.

Entrada libre y gratuita, a la espera de confirmación al correo electrónico: ospina@icam.es

Máster de Especialización en Tributación, Procedimiento Tributario y Fiscalidad Internacional

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Únete a la próxima tertulia AJA sobre nuestra Justicia, y presentación del libro la “Justicia Enferma”.

Justicia-Enferma

Este martes 7 de octubre a las 19:45 en el salón de actos del ICAM de la mano de nuestro Bibliotecario José Manuel Pradas dónde  comentaremos el libro, la Justicia Enferma de la mano de su autor Antonio García Noriega.

Al acto están invitados como tertulianos el Magistrado Jesús Villegas Secretario General de la PCIJ, el Notario y Bloggero Ignacio Goma del BLOG Hay Derecho, el editor Fernando Rasche y el abogado Juan Gonzalo Ospina.

El acto será una jornada abierta al público, dónde el debate y la crítica constructiva de nuestro sistema judicial serán las notas predominantes.

Tras la tertulia se invitará a los asistentes a un vino español.

No dudes en asistir y en confirmar tu asistencia por motivos de aforo a ospina@icam.es

!!Gracias!!