NUEVO PROCEDIMIENTO DE ADQUISICIÓN DE LA NACIONALIDAD ESPAÑOLA POR RESIDENCIA. Parte I: Naturaleza

Marién Inés Ramos Poché

Abogada

04/02/2016

El tan esperado y comentado nuevo proceso de nacionalidad española por residencia, ya está listo para su puesta en marcha, a través de la Ley 19/2015 de 13 de julio de Medidas de Reforma Administrativa en el Ámbito de la Administración de Justicia y del Registro Civil. Disposición Final Séptima.  Y el reglamento que la desarrolla mediante el  Real Decreto 1004/2015, de 6 de noviembre.

Entre las novedades del procedimiento, destacamos que deja de ser un proceso mixto Judicial-administrativo ante el Registro Civil, y pasa a ser netamente administrativo a cargo de la Dirección General de los Registros y el Notariado. Por ello, se dispondrá de un procedimiento, basado en la tramitación electrónica en todas sus fases, que permita acortar sensiblemente los plazos de resolución. La intención de la administración es llevar el plazo a un año para el conocimiento del expediente de nacionalidad. Sin perjuicio de la posible presentación de la documentación en cualquiera de las formas legalmente previstas. Sin embargo, queda a la encomienda del Registro Civil, como hasta ahora, la realización de la jura y la inscripción de nacimiento.

El cumplimiento de los requisitos exigidos por el Código Civil para la obtención de la nacionalidad española por residencia deberá acreditarse mediante los documentos y demás pruebas previstas en la ley y reglamentariamente. El nuevo procedimiento de nacionalidad española, estará sujeto a una tasa de 100 euros para la iniciación de la  solicitud del mismo. El modelo normalizado de pago de la tasa se encontrará disponible en la página web del Ministerio de Justicia.

 Los abogados abordamos el nuevo proceso con optimismo y la esperanza de ayudar a nuestros clientes, en ese camino que para muchos estuvo y sigue estando, muy accidentado e incluso ha causando frustración, al no poder materializar el sueño de ser nacional del país en el que residen, trabajan y  han formado una familia miles de extranjeros.

Solicitudes anteriores a la entrada en vigor de la  Ley 19/2015 de 13 de julio. Disposición Final Séptima.

La situación se resuelve con una medida transitoria de la siguiente manera:

a) Los expedientes de nacionalidad por residencia se tramitarán y resolverán de conformidad con las normas de procedimiento vigentes en el momento de la solicitud.

b) Durante el periodo transitorio que media desde la entrada en vigor del real decreto hasta el 30 de junio de 2017, los interesados podrán seguir presentando sus solicitudes ante el Registro Civil correspondiente al domicilio del interesado.

c) Dichas solicitudes se presentarán en soporte de papel.  En tales casos, el Registro civil realizará al interesado los requerimientos necesarios para completar las solicitudes incompletas y, una vez contengan toda la documentación exigida por el presente real decreto, las remitirá a la Dirección General de los Registros y del Notariado. Dicha remisión siempre que sea posible, de modo telemático.

d) Una vez finalizado el periodo transitorio, las solicitudes solo podrán presentarse a través de la correspondiente aplicación electrónica, o bien conforme a las reglas generales sobre presentación de solicitudes, escritos y comunicaciones de los ciudadanos ante los órganos de las Administraciones Públicas. Ambas modalidades son asimismo posibles durante el periodo transitorio que finaliza el 30 de junio de 2017.

Código Civil

El procedimiento para adquirir la nacionalidad española seguirá sujeto a lo dispuesto el Código Civil, articulo 22: 1.  Para la concesión de la nacionalidad por residencia se requiere que ésta haya durado diez años. Serán suficientes cinco años para los que hayan obtenido la condición de refugiado y dos años cuando se trate de nacionales de origen de países iberoamericanos, Andorra, Filipinas, Guinea Ecuatorial o Portugal o de sefardíes.

2. Bastará el tiempo de residencia de un año para:

a) El que haya nacido en territorio español.

b) El que no haya ejercitado oportunamente la facultad de optar.

c) El que haya estado sujeto legalmente a la tutela, guarda o acogimiento de un ciudadano o institución españoles durante dos años consecutivos, incluso si continuare en esta situación en el momento de la solicitud.

d) El que al tiempo de la solicitud llevare un año casado con español o española y no estuviere separado legalmente o de hecho.

e) El viudo o viuda de española o español, si a la muerte del cónyuge no existiera separación legal o de hecho.

f) El nacido fuera de España de padre o madre, abuelo o abuela, que originariamente hubieran sido españoles.

3. En todos los casos, la residencia habrá de ser legal, continuada e inmediatamente anterior a la petición.

A los efectos de lo previsto en el párrafo d) del apartado anterior, se entenderá que tiene residencia legal en España el cónyuge que conviva con funcionario diplomático o consular español acreditado en el extranjero.

4. El interesado deberá justificar, en el expediente regulado por la legislación del Registro Civil, buena conducta cívica y suficiente grado de integración en la sociedad española.

5. La concesión o denegación de la nacionalidad por residencia deja a salvo la vía judicial contencioso-administrativa.

Con la inclusión como supuesto susceptible para la dicha adquisición tener ascendencia Sefardí, (Ley 12/2015, de 24 de junio, en materia de concesión de la nacionalidad española a los sefardíes originarios de España) y su (Instrucción de 29 de septiembre de 2015, de la Dirección General de los Registros y del Notariado).

Los Exámenes de Integración  CCSE y DELE

La tan discutida y recurrida acreditación de integración a la sociedad española, se probará mediante unos exámenes, por un lado, para la obtención de un diploma español como lengua extranjera DELE de nivel A2 o superior. Con un coste de 124 euros. Los solicitantes nacionales de países o territorios en que el español sea el idioma oficial estarán exentos de esta prueba. En la segunda prueba se valorará el conocimiento de la Constitución española y de la realidad social y cultural españolas (CCSE), con un coste de 85 euros. Ambos exámenes estarán encomendados al Instituto Cervantes para su preparación y administración. Estarán exentos de la superación de las pruebas mencionadas los menores de dieciocho años y las personas con capacidad modificada judicialmente.

En todo caso, la prueba de conocimientos constitucionales y socioculturales de España estará formada por un 60% de preguntas relativas a conocimientos sobre la Constitución y la organización administrativa y territorial de España y por un 40% de cuestiones sobre la cultura, la historia y la sociedad españolas. Todas las preguntas de esta prueba serán de respuesta cerrada y tendrán el mismo valor dentro del conjunto de la prueba, la cual se llevará a cabo con carácter periódico en los centros de examen reconocidos por el Instituto Cervantes para realizarlas, debiendo estar aprobados y publicados, con carácter previo a las pruebas, los procedimientos y plazos para solicitud de revisión de calificaciones o reclamaciones.

La prueba CCSE contiene 25 preguntas, con  3 respuestas  y una sola correcta, por lo que se califica de forma automática. Las respuestas correctas reciben 1 punto; las incorrectas 0 puntos y no se penalizan. La puntuación máxima que se puede obtener en la prueba CCSE es igual al número de ítems que contiene (es decir 25). La puntuación mínima para obtener la calificación de «apto» en la prueba CCSE es de 15 ítems.

La Dirección General de los Registros y del Notariado podrá comprobar de oficio el resultado de las pruebas de examen DELE de nivel A2 como mínimo y de conocimientos constitucionales y socioculturales de España, mediante consulta telemática al Instituto Cervantes, comprobación con valor probatorio, que hace innecesaria la aportación por los interesados de los certificados correspondientes.

Estarán dispensados de la prueba de examen DELE los extranjeros que hayan obtenido con anterioridad un diploma de español como lengua extranjera (DELE) como mínimo del nivel A2, así como los nacionales de: Argentina, Bolivia, Chile, Colombia, Costa Rica, Cuba, Ecuador, El Salvador,  Guatemala,  Guinea Ecuatorial, Honduras, México, Nicaragua, Panamá, Paraguay, Perú, Puerto Rico,  República Dominicana, Uruguay y Venezuela.

Con el  procedimiento para la adquisición de la nacionalidad española por residencia, se busca la celeridad en el procedimiento, acortando los plazos para su conocimiento y resolución. Incorporando para su tramitación y comunicación el entorno electrónico en todas sus fases, permitiéndose la utilización al interesado de representante. Dotando al procedimiento de un carácter netamente administrativo.  La regulación de pruebas objetivas de integración en la sociedad española,  como diplomas de español como lengua extranjera (según sea caso)  y de conocimientos constitucionales y socioculturales de España, así también,  el pago de una tasa por iniciación del procedimiento